Las autoridades supervisaron el módulo de regularización de vehículos, para asegurarse de que todos los procedimientos se realicen como corresponde.
Fue una actuaria quien llegó al módulo acompañada de algunos abogados, esta situación puso tensión en el procedimiento del módulo ubicado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis.
Los ciudadanos que acudieron a hacer el trámite pensaron que se detendrían las labores para legalizar las unidades, pero todo continuó con normalidad, no hubo confrontación.
La actuaría solo acudió a supervisar el procedimiento de verificación y que se cumpliera con lo establecido en el decreto presidencial publicado el 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre lo que se revisó es que los vehículos estén en buenas condiciones, verificando que el número de serie no esté alterado, que no tengan reporte de robo, que tengan el catalizador, entre otros requisitos que se deben cumplir.
Al parecer esta supervisión se debe a un amparo que había sido promovido por la Asociación de Distribuidores de Automotores de Sinaloa.
Este era en ontra el decreto con el que se fomenta la regularización de vehículos de procedencia extranjera.
El amparo indirecto fue admitido en el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Los Mochis, y quedó registrado con el número de expediente 125/2022.
El 12 de abril, el autorizado legal de la parte quejosa solicitó la apertura de incidente de suspensión, y el 3 de junio, el juez concedió la suspensión definitiva solicitada. Aunque el 28 de junio se interpuso revisión contra esa suspensión.
La audiencia constitucional ha sido diferida en varias ocasiones, actualmente está programada para el 1 de septiembre.
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