La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) acusó al gobernador Rubén Rocha Moya de ordenar al Congreso de Sinaloa la aprobación de las cuentas públicas 2022 de Culiacán y Mazatlán.
Pues la mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización modificaron los dictámenes de Culiacán y Mazatlán que ya habían sido discutidos, votados y rechazados, por orden del gobernador, que a decir de Alba Virgen Montes Álvarez fue para proteger la imagen de los presidentes municipales de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y Mazatlán, Edgar González Zatarain.
Montes Álvarez sostiene que dicha orden del mandatario estatal fue aceptada e implementada de inmediato por el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), a pesar de que no le compete, acordó regresar el dictamen a la Comisión de Fiscalización para cambiar el dictamen.
Contrariamente, no se aprobó por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización decidieron el informe de la cuenta
pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque la auditoría que se pretendió hacer, así como la determinación de un posible daño patrimonial por 466 millones de pesos fueron ilegales y no es facultad de la Auditoría Superior del Estado hacer determinaciones presuntivas.
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