Con la exhumación de al menos 50 cuerpos, el Gobierno de Sinaloa puso en marcha una intervención masiva en la fosa común del panteón 21 de Marzo, en Culiacán, donde por más de una década se sepultaron cuerpos sin identificar. Esta acción marca el inicio de un proceso de recuperación y análisis forense sin precedentes en la entidad.
Los trabajos forman parte del Programa Estatal de Recuperaciones, Resguardo Temporal e Identificación Humana (PertiDH), una estrategia que busca identificar restos humanos enterrados como desconocidos, muchos de ellos víctimas de la violencia generada desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2008.
La fosa común intervenida fue habilitada precisamente ese año, y según registros obtenidos por el medio Noroeste, para 2017 ya albergaba más de 700 cuerpos. Esta es la primera vez que se realiza una exhumación sistemática en ese sitio, a pesar de que la Comisión Estatal de Búsqueda fue creada desde 2019.
El proceso, que se estima durará tres semanas, está a cargo de un equipo multidisciplinario que incluye antropólogos, arqueólogos, criminalistas, geógrafos, peritos forenses y autoridades ministeriales. Los restos recuperados serán trasladados al Laboratorio del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH), donde se realizarán pruebas genéticas y otros estudios periciales.
En la exhumación participan la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía estatal, el Centro Nacional de Identificación Humana y colectivos de familias buscadoras, quienes acompañan de cerca cada etapa del proceso.
La intervención responde al aumento persistente de desapariciones en Sinaloa, donde solo en 2024 se reportaron 747 nuevos casos. Municipios como Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave concentran la mayoría de los registros, lo que evidencia una crisis humanitaria que sigue vigente.
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