Abogados de Sinaloa denuncian ante la FGR al gobernador Rubén Rocha Moya por presunta delincuencia organizada

Integrantes de varias organizaciones de abogados en Sinaloa presentaron este martes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) contra Rubén Rocha Moya, a quien acusan de presuntas conductas delictivas en el contexto de la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad.

La acción legal fue promovida por miembros de la Alianza Mexicana de Abogados, la Federación de Abogados de Sinaloa y otros colegios jurídicos, quienes argumentan que la administración estatal ha incurrido en posibles delitos como ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones, encubrimiento, coalición de servidores públicos y delitos vinculados con la administración de justicia y delincuencia organizada.

En su denuncia, los abogados hacen referencia a declaraciones que el propio mandatario habría hecho cuando fue candidato, en las que señaló que sería necesario acercarse a “poderes fácticos” para gobernar Sinaloa.

Señalan que este tipo de reconocimiento, junto con supuestas omisiones del gobierno estatal frente a la violencia persistente en la entidad, evidencia una posible colusión con grupos delictivos.

Además, los denunciantes señalan que la situación de inseguridad —con miles de homicidios, privaciones de la libertad y robos en los últimos años— refleja omisiones graves del gobierno para garantizar seguridad y justicia.

Solicitud de investigación y posibles instancias internacionales

Los abogados solicitaron que la FEMDO integre formalmente la carpeta de investigación y actúe conforme a la ley federal para determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el gobernador.

Advirtieron que, de no obtener respuesta de la FGR, llevarán la denuncia a instancias internacionales como el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Sinaloa no había emitido una postura oficial sobre la denuncia presentada ante la autoridad federal.

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Redacción
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