En medio de una crisis de inseguridad que se ha prolongado durante casi dos años, Sinaloa enfrenta el desafío de contener al crimen organizado con una estructura policial que se encuentra entre las más pequeñas del país, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 del INEGI.
El informe señala que al cierre de 2025 la institución de seguridad pública estatal contaba con mil 584 elementos, equivalente a apenas 0.6 policías por cada mil habitantes, por debajo del promedio nacional de un agente por cada mil habitantes. Con este indicador, Sinaloa se encuentra entre las entidades con menor cobertura policial.
La situación cobra relevancia debido al escenario de violencia que atraviesa el estado desde septiembre de 2024, derivado de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. En este contexto, más de 80 agentes han perdido la vida, mientras que el interés por incorporarse a las corporaciones también ha disminuido.
Durante 2024 se registraron 407 personas en programas de formación policial inicial, pero para 2025 la cifra cayó a 313 aspirantes.
Presupuesto limitado para seguridad
Las limitaciones también se reflejan en los recursos destinados a las instituciones de seguridad. Durante 2025, Sinaloa ejerció 965.4 millones de pesos en este rubro.
La cantidad contrasta con la inversión de entidades con una población comparable: Sonora destinó alrededor de 4 mil 546 millones de pesos, mientras que Coahuila ejerció aproximadamente 2 mil 569.7 millones.
Otro de los aspectos señalados es la distribución de las funciones policiales. Del personal con grado policial, 88.9 por ciento realiza labores de prevención y 10.9 por ciento tareas de reacción, mientras que no se reportaron elementos dedicados a funciones de proximidad social o investigación.
Falta infraestructura y mejores condiciones laborales
El diagnóstico también expone carencias en infraestructura. Sinaloa cuenta con cinco instalaciones policiales operativas: una comandancia o estación y cuatro cuarteles, sin módulos policiales fijos o móviles.
La entidad sí dispone de áreas especializadas en inteligencia, proximidad e investigación, aunque la unidad de policía cibernética todavía se encontraba en proceso de integración al momento del levantamiento del censo.
En materia de prestaciones, los agentes cuentan con algunos apoyos, como seguro de vida, respaldo para familiares de policías fallecidos y licencia por riesgo de trabajo. Sin embargo, no se contemplan beneficios como créditos para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para hijos o indemnización por incapacidad derivada de riesgos laborales.
Más de 294 mil llamadas al 911
Durante 2025, las corporaciones estatales recibieron 294 mil 814 llamadas al número de emergencias 911.
En ese mismo periodo se registraron 601 puestas a disposición de personas. De ellas, 59.4 por ciento correspondieron a autoridades de Justicia Cívica y 40.6 por ciento al Ministerio Público. Además, las instituciones estatales reportaron el aseguramiento de 858 armas de fuego.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, consideró que la presencia de las fuerzas federales resulta necesaria ante la actual situación, pero advirtió que las corporaciones locales representan uno de los puntos más débiles de la estrategia de seguridad.
El funcionario planteó que el fortalecimiento policial no debe limitarse a aumentar el número de agentes, sino que debe incluir mejores salarios, prestaciones, capacitación, entrenamiento y equipamiento.
Además, sostuvo que la atención de la violencia requiere una estrategia más amplia que la respuesta armada, con políticas enfocadas también en educación, cultura y construcción de paz.
