El Gobierno de Sinaloa enfrenta nuevos cuestionamientos por sus compromisos financieros luego de adjudicar un crédito bancario por 700 millones de pesos a un plazo de 20 años, operación que se suma a otros financiamientos contratados por la administración estatal desde 2025.
El financiamiento fue asignado a Banorte tras un proceso competitivo realizado el 9 de octubre por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Créditos millonarios acumulan compromisos a largo plazo
Entre marzo de 2025 y agosto de 2026, el Gobierno estatal contrató distintos financiamientos que incluyen préstamos de largo plazo para inversión pública y un crédito de corto plazo por mil 100 millones de pesos.
Entre las operaciones reportadas se encuentran un financiamiento por mil 626 millones 938 mil 932 pesos, otro por 673 millones 61 mil 68 pesos y uno adicional por mil 500 millones de pesos. A estos se sumó el préstamo de corto plazo contratado en agosto de 2026.
Con la adjudicación de los 700 millones de pesos, los financiamientos y operaciones reportados superan los 5 mil millones de pesos. No obstante, es importante distinguir entre los créditos de largo plazo, los préstamos de corto plazo y los montos autorizados que todavía estaban pendientes de contratar.
Los créditos de largo plazo están vinculados a inversión pública productiva y contemplan mecanismos de pago respaldados por participaciones federales, lo que compromete ingresos futuros del estado.
Congreso sostiene que los 700 millones ya estaban autorizados
Por su parte, el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso de Sinaloa, aclaró que el financiamiento de 700 millones de pesos no representa una nueva autorización de deuda, sino que corresponde a una parte pendiente de ejercer del crédito por 2 mil 200 millones de pesos aprobado por el Legislativo el 9 de diciembre de 2025.
Esta precisión introduce una diferencia entre la contratación de un nuevo préstamo y la disposición de recursos previamente autorizados por el Congreso, aunque el financiamiento mantiene obligaciones de pago a largo plazo.
