La polémica por la venta de espacios públicos a particulares ha generado un fuerte llamado de atención por parte de varios regidores del municipio de Ahome, quienes exigen una investigación profunda ante lo que consideran posibles actos irregulares en la disposición de bienes del patrimonio municipal.
La controversia se concentró en la denuncia de residentes del fraccionamiento San Fernando, quienes alertaron que varias áreas originalmente destinadas a servicios comunitarios —como parques, campos deportivos y zonas verdes— fueron transferidas a manos privadas mediante operaciones que, aseguran, carecen de transparencia y documentación clara.
En una sesión de cabildo, la regidora Lidia Adela Reyes Ley, integrante de la oposición, pidió la instalación de una comisión plural de ediles para investigar los hechos y, de comprobarse irregularidades, proceder con la judicialización de funcionarios actuales y anteriores involucrados en las transacciones.
Otro regidor opositor, Adrián Baldenebro, respaldó la iniciativa y enfatizó la importancia de transparentar el uso de los bienes públicos, mientras que Héctor Álvarez reclamó que, en caso de confirmarse actos indebidos, se apliquen sanciones conforme a la ley.
Por su parte, el presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, afirmó desconocer los detalles de las ventas señaladas, aunque aseguró que instruiría las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. La síndica procuradora, María Luisa Gómez Lizárraga, complementó que la investigación ya ha iniciado y que se espera que en las próximas semanas se den a conocer avances.
Según la versión vecinal, los predios en disputa se ubican en diversas zonas de Los Mochis como La Florida, Ampliación Praderas, Los Sabinos y Andalucía, entre otras, y habrían sido vendidos a una particular mediante actas de cabildo que no están disponibles públicamente ni cuentan con una referencia clara de su aprobación.
La situación ha generado inquietud en la comunidad, que exige mayor claridad y rendición de cuentas sobre la administración del patrimonio municipal y advierte que, de persistir la incertidumbre, podría recurrirse a otras instancias legales para proteger los espacios públicos destinados al uso común.
