Autoridades federales, estatales y municipales acordaron establecer una ruta de trabajo interinstitucional para atender las inquietudes planteadas por comunidades indígenas, pescadores y organizaciones sociales respecto a la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo.
El acuerdo fue alcanzado durante una mesa de diálogo en la que participaron representantes de diversas dependencias del Gobierno de México, así como habitantes de la zona que expusieron preocupaciones relacionadas con la conservación de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua, los procesos de consulta pública y otros temas vinculados al desarrollo regional.
Entre los compromisos establecidos destaca la continuidad de las mesas de trabajo para revisar estudios, propuestas y observaciones presentadas por las comunidades. Asimismo, se anunció que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizará una inspección actualizada para verificar las condiciones ambientales y el cumplimiento de la normatividad vigente en la zona.
Otro de los acuerdos contempla la búsqueda de un diálogo directo con la empresa responsable del proyecto que ha generado inconformidad entre diversos sectores sociales, además de garantizar el respeto al derecho de manifestación de las comunidades involucradas.
Durante el encuentro participaron representantes de dependencias como Semarnat, Profepa, Conagua, Conapesca, Sader, Secretaría de Economía, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, junto con autoridades del Gobierno de Sinaloa.
Funcionarios federales coincidieron en que la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una atención integral que combine protección ambiental, bienestar social y desarrollo económico sostenible. También reiteraron que cualquier decisión futura deberá apegarse al marco legal y sustentarse en criterios técnicos y jurídicos.
La Laguna-Bahía de Ohuira ha permanecido en el centro del debate público debido a proyectos industriales impulsados en la región y a las preocupaciones expresadas por comunidades indígenas y pesqueras sobre posibles impactos ambientales y productivos. En ese contexto, las autoridades señalaron que mantendrán abiertos los canales de comunicación para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y atender las demandas de los habitantes de la zona.
