José Fernando González Sánchez
Segunda Parte: El saldo político, la arrogancia y la verdad pendiente
En 2012, muchos recibimos el regreso del PRI con la expectativa de que su experiencia sirviera para gobernar una sociedad plural.
Sin embargo, el grupo gobernante tomó la alternancia como una oportunidad para reconstruir una posición hegemónica. El Pacto por México no podía suplir la conversación con quienes sostenían cotidianamente las escuelas; construir autoridad requiere un trabajo que ninguna votación reemplaza.
Ahí ubico una ruptura central. Se debilitaron las mediaciones entre autoridades, dirigencias sindicales y comunidades, dejándolas expuestas. Desde el gobierno, Aurelio Nuño contribuyó a convertir la agenda educativa en una política que tendió a tratar la negociación como una concesión indebida y la resistencia como prueba de que había que endurecerse.
Se perdió parte de la capacidad de escuchar y de anticipar los conflictos.
Hay un dato ineludible: cuando ocurrió Ayotzinapa, Nuño era jefe de la Oficina de la Presidencia.
Si hoy busca volver a la primera línea política, le corresponde explicar qué aportaron sus decisiones, qué conflictos agravaron y qué hizo, desde su posición, ante una tragedia que comprometía al gobierno del que formaba parte.
La memoria pública no puede organizarse como una selección de méritos personales de la que se excluyen los costos colectivos.
Convertir la evaluación en amenaza y subordinar a la dirigencia sindical no construye legitimidad. Tampoco se puede eludir su responsabilidad en la coordinación de la campaña presidencial de José Antonio Meade en 2018, cuya conducción hundió una candidatura valiosa y profundizó la crisis del PRI.
La insistencia en demostrar firmeza adquirió un costo humano irreparable, evidenciado no solo en Ayotzinapa, sino en los trágicos eventos de Nochixtlán en 2016.
Reconocer errores no disminuye a un servidor público; la negativa a reconocerlos impide aprender.
El cambio de gobierno en 2018 tampoco saldó la deuda. La verdad completa sigue pendiente y la obligación de responder alcanza al gobierno actual, sobre todo cuando observamos tragedias recientes como el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta en 2024.
Los errores de quienes llegaron después no convierten en aciertos las decisiones de sus antecesores.
Quienes hemos estado en la política educativa debemos rendir cuentas y aclarar las zonas grises de nuestro pasado.
Cuidar la vida de estudiantes y maestros siempre será la primera obligación. Mientras el Estado no diga toda la verdad y asuma las responsabilidades correspondientes, aquella noche de Iguala seguirá entrando en el presente de México, sostenida por la perseverancia de padres y madres que han hecho de la búsqueda una forma de vida que nunca eligieron.
