A menos de dos meses de haber sido reinstalados por resolución de un juicio laboral que se prolongó durante 18 años, dos trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fueron despedidos nuevamente, en un caso que también involucra denuncias por presunto incumplimiento del laudo y una solicitud de intervención ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Los trabajadores afectados son Harry Wilfred Quinn Padilla y Carlos Santana Rodríguez Armenta, quienes regresaron formalmente a sus puestos el 26 de agosto de 2026, luego de que la Junta Especial número 1 Local de Conciliación y Arbitraje resolviera a su favor el procedimiento laboral iniciado en 2008.
Sin embargo, el 5 de octubre recibieron la notificación de la rescisión de sus relaciones laborales.
De acuerdo con el aviso de la universidad, la medida se sustentó en 24 supuestas omisiones en el registro de entrada, correspondientes al periodo del 27 de agosto al 30 de septiembre.
Además, la institución señaló presuntas infracciones a su reglamento interno relacionadas con manifestaciones de inconformidad contra la universidad y sus representantes, las cuales habrían sido consideradas como conductas sancionables.
El conflicto se agravó después de que los empleados denunciaran que, pese a su reinstalación, no contaban con un espacio de trabajo asignado, número de empleado ni acceso a los mecanismos para registrar su asistencia.
También señalaron que no se les habían garantizado sus ingresos salariales ni las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones.
Ante esta situación, ambos trabajadores solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 13 de octubre, al considerar que las autoridades universitarias no estaban cumpliendo integralmente con la resolución laboral.
En sus señalamientos, responsabilizaron a funcionarios de la zona norte de la UAS por las dificultades para concretar su reincorporación. Según su versión, incluso acudían diariamente a la Torre Académica de Los Mochis sin que se les asignaran actividades específicas.
El caso se remonta a 2008, cuando comenzó el litigio derivado del despido de uno de los trabajadores.
Tras casi dos décadas de procedimiento, la resolución favorable abrió la posibilidad de su regreso a la institución, aunque la reinstalación no logró consolidarse en la práctica.
