El exvicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, continúa bajo investigación por parte de las autoridades, que mantienen abiertas dos carpetas relacionadas con presuntas irregularidades durante su desempeño en la institución.
La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que ambos procedimientos son atendidos por el Órgano Interno de Control (OIC) y que comenzaron cuando Castro Saavedra todavía desempeñaba funciones dentro de la Fiscalía.
Investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado
Uno de los expedientes está relacionado con señalamientos de autoridades estadounidenses que vinculan presuntamente al exvicefiscal con una facción del Cártel de Sinaloa, identificada como Los Chapitos.
Las acusaciones fueron difundidas en documentos judiciales de Estados Unidos en abril de 2026 y apuntan a una supuesta colaboración con integrantes de esa organización criminal. Estos señalamientos motivaron que Castro Saavedra solicitara una licencia sin goce de sueldo en mayo.
Revisan su actuación en el caso Héctor Melesio Cuén
La segunda investigación administrativa está relacionada con la actuación del exvicefiscal durante las primeras diligencias por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido en julio de 2024.
La Fiscalía estatal inicialmente manejó la hipótesis de que el homicidio ocurrió durante un intento de robo en una gasolinera. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) posteriormente descartó esa versión y señaló inconsistencias en las investigaciones iniciales.
Renunció después de seis meses de licencia
Sánchez Kondo informó que Castro Saavedra presentó su renuncia definitiva el 5 de noviembre, después de permanecer seis meses separado de sus funciones mediante una licencia sin goce de sueldo.
La fiscal aclaró que su salida fue voluntaria y que no recibió liquidación ni algún acuerdo económico especial. No obstante, debido a sus casi 28 años de servicio en la institución, conserva derechos que le permitirían tramitar su retiro conforme a la legislación correspondiente.
Mientras tanto, el Órgano Interno de Control continúa recabando información y documentación para determinar posibles responsabilidades administrativas. Por su parte, la FGR mantiene las investigaciones correspondientes en materia penal.
