La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un plan de “reingeniería institucional” que modificará sus áreas de investigación y operación con el objetivo de reforzar la atención a delitos de alto impacto, que forma parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, el cual plantea “priorizar casos de extorsión, feminicidio y desaparición forzada”.
Durante el anuncio, la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, explicó que el rediseño incluye ajustes estructurales, administrativos y presupuestales y señaló que la intención es “dejar atrás prácticas que han permitido la impunidad y establecer procesos que fortalezcan la integración de investigaciones”.
Godoy Ramos también indicó que se buscará presentar casos con sustento ante los tribunales y avanzar en el desmantelamiento de redes delictivas.
Como parte de la estrategia, la FGR trabajará en coordinación con el gabinete de seguridad federal mediante el uso de tecnología, inteligencia e investigación científica. En este sentido, informó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Organización de las Naciones Unidas para revisar mecanismos de cooperación frente a la problemática de desapariciones forzadas en el país.
Entre las acciones anunciadas se encuentran la activación de una alerta nacional de búsqueda, la apertura inmediata de carpetas de investigación tras reportes de desaparición, así como la creación de bases de datos y plataformas de identidad. También se contempla el fortalecimiento del banco de datos forenses y la exigencia de fiscalías especializadas en todas las entidades.
El nuevo modelo plantea dejar el esquema basado en el trámite de expedientes para adoptar una gestión diferenciada de casos, con equipos multidisciplinarios y protocolos homologados, enfoque que se apoya en reformas legales recientes, como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permiten reorganizar funciones y recursos.
En materia operativa, la fiscalía prevé el despliegue de personal en 61 municipios considerados prioritarios, además de consolidar las fiscalías federales como enlaces con autoridades locales.
En el combate al feminicidio, se anunció que se pondrá a disposición de las fiscalías estatales la capacidad técnica del Centro Federal de Inteligencia Criminal, incluyendo peritajes, análisis de contexto y herramientas de biometría.
Finalmente, el plan incorpora medidas internas como el aumento de mujeres en cargos de decisión, la aplicación de protocolos con perspectiva de género y acciones contra el acoso.
También se incluyen mecanismos alternativos de solución de controversias para agilizar procesos. La meta institucional es “incrementar sentencias condenatorias y ofrecer resultados verificables a la ciudadanía”.
