Al menos 50 personas originarias de Durango han sido reportadas como desaparecidas en Sinaloa, de las cuales 40 fueron incorporadas al registro del colectivo Buscando a Emilios durante los últimos 12 meses, una situación que mantiene en alerta a las familias buscadoras.
De acuerdo con los datos compartidos por Carmen Soto, integrante de la agrupación, una parte importante de los casos tiene como última ubicación conocida la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde familiares señalan que las investigaciones no han presentado avances suficientes.
El registro contempla personas de distintas edades, desde adolescentes hasta adultos de aproximadamente 70 años. Entre los casos documentados, 10 corresponden a menores de edad, todos hombres.
La representante del colectivo aclaró que las cifras corresponden a los expedientes que han reunido las familias y que es necesario contrastarlas con los registros de la Fiscalía para determinar si existe una tendencia generalizada.
Familias exigen búsquedas en zonas específicas
Uno de los principales reclamos de las familias es que las autoridades realicen acciones concretas en los lugares donde existen indicios sobre el posible paradero de sus seres queridos, particularmente en El Verde, Concordia.
Según Carmen Soto, las búsquedas realizadas hasta ahora y la revisión de fotografías de sitios que las propias familias han recorrido no han sido suficientes para obtener resultados.
La integrante del colectivo también señaló que la carga de trabajo de los agentes ministeriales dificulta el seguimiento de los expedientes. De acuerdo con lo que les han informado, cada Ministerio Público puede tener alrededor de 800 carpetas de investigación y apenas dos policías investigadores disponibles.
Entre los casos recientes se encuentra el de José Ricardo, un menor cuya desaparición ocurrió hace aproximadamente tres o cuatro meses y cuya última ubicación conocida fue Mazatlán.
Dudan del seguimiento a pruebas genéticas
Otra preocupación de las familias es la falta de certeza sobre el procesamiento de las muestras genéticas entregadas al presentar las denuncias.
Soto explicó que las muestras son recibidas en Mazatlán y enviadas a un laboratorio en Culiacán, pero los familiares desconocen si han sido analizadas e incorporadas a las bases de datos para compararlas con los registros de personas fallecidas sin identificar.
Por ello, el colectivo busca reunirse con personal de servicios periciales de Sinaloa para solicitar información comprobable sobre el análisis y la confronta de las muestras.
La búsqueda es una carga económica
Las labores de búsqueda implican gastos de transporte, hospedaje, alimentación y herramientas que, en gran medida, deben cubrir los propios familiares. Aunque en algunas ocasiones han recibido apoyo para trasladarse, consideran que los recursos disponibles son insuficientes.
La situación afecta especialmente a mujeres que deben sostener a sus familias mientras buscan a sus seres queridos. La representante del colectivo indicó que incluso dos madres perdieron sus empleos debido al tiempo que dedican a estas actividades.
