La crisis de inseguridad que enfrenta Sinaloa ha obligado a las autoridades educativas a contemplar excepciones para el uso de teléfonos celulares en las escuelas, pese a la nueva disposición federal que restringe estos dispositivos durante la jornada escolar.
La preocupación de madres y padres de familia por la seguridad de sus hijos, ante los constantes hechos violentos registrados en distintos municipios, ha convertido a los teléfonos móviles en una herramienta importante para mantener comunicación ante posibles emergencias.
Aunque la restricción nacional entró en vigor el pasado 3 de noviembre, en Sinaloa se permitirá que los estudiantes acudan a los planteles con sus dispositivos, siempre que permanezcan apagados o en silencio dentro de sus mochilas y no sean utilizados durante las actividades escolares.
La situación responde particularmente al contexto de violencia que se vive en municipios como Culiacán, Mazatlán y Navolato, donde los enfrentamientos armados y las detonaciones han generado preocupación entre las familias y comunidades escolares.
En algunos planteles de Culiacán, incluso, los protocolos de resguardo de estudiantes han tenido que activarse ante situaciones de riesgo en las inmediaciones de las escuelas.
Por ello, directivos escolares han señalado la importancia de conservar una vía de comunicación entre alumnos y familiares, especialmente cuando se presentan acontecimientos que puedan poner en peligro a la comunidad educativa.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) contará con un periodo de 120 días para establecer lineamientos específicos sobre la aplicación de la disposición en la entidad. Entre las alternativas se contempla mantener los teléfonos apagados dentro de las mochilas o que el personal docente y directivo los resguarde durante las clases y los entregue al finalizar la jornada.
La regulación federal busca reducir las distracciones, favorecer la concentración y fortalecer la convivencia entre los estudiantes. En educación básica, la restricción comprende tanto las horas de clase como los periodos de recreo.
Sin embargo, el panorama de inseguridad que enfrenta Sinaloa plantea un desafío adicional para las autoridades educativas, pues deberán encontrar un equilibrio entre las disposiciones escolares y la necesidad de garantizar la comunicación familiar ante cualquier contingencia.
Mientras se definen los protocolos estatales, la seguridad de los estudiantes y la tranquilidad de sus familias se mantienen como factores centrales en la aplicación de esta medida.
