El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas servidoras y exservidoras públicas del organismo, así como empresas proveedoras, por su probable participación en hechos que podrían constituir delitos.
La información fue comunicada a la Cámara de Diputados por el titular del órgano, Víctor Hugo Carvente.
Entre las conductas señaladas se encuentran uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
Además, el contralor informó que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como una persona moral, fueron convocadas a audiencias iniciales dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.
En la información difundida sobre el caso también se menciona a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y al contratista Alfredo Hernández Casillas, aunque su participación deberá ser determinada por las autoridades.
Las investigaciones también abarcan contratos otorgados entre 2014 y 2025 a cinco empresas que presuntamente mantenían vínculos entre sí y habrían simulado competencia en procesos de contratación de organismos públicos locales electorales.
El monto de los contratos asciende a 2 mil 461 millones de pesos. Entre los accionistas de las compañías figuran los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados como posibles integrantes de una red de colusión empresarial.
El OIC informó que las denuncias buscan dar continuidad a las investigaciones y permitir que los expedientes sean turnados, cuando corresponda, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para determinar las responsabilidades.
Carvente también indicó que el organismo presentará nuevas denuncias si durante las revisiones identifica hechos que puedan constituir delitos.
