Después de más de una década de esperar el pago de sus liquidaciones, extrabajadores del extinto Ingenio Azucarero de Los Mochis emprendieron acciones legales contra dirigentes del Sindicato Nacional Azucarero, a quienes señalan por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y bienes de la antigua empresa.
La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), en su subsede de Los Mochis, por presunta administración fraudulenta.
Entre los señalados se encuentra Lorenzo Pale Mendoza, actual secretario general del Sindicato Nacional Azucarero.
La acción legal fue impulsada por los extrabajadores, quienes otorgaron su representación a Luis Puente Pérez para dar seguimiento a las reclamaciones por los finiquitos que, aseguran, continúan pendientes desde el cierre del ingenio.
Reclaman recursos por venta de maquinaria y terrenos
De acuerdo con las investigaciones expuestas por el representante de los obreros, existirían presuntas irregularidades en el destino de más de 340 millones de pesos obtenidos por la venta de maquinaria y terrenos relacionados con la antigua fábrica.
Según sus señalamientos, alrededor de 140 millones de pesos corresponderían a la venta de maquinaria y otros 200 millones a terrenos adjudicados en distintos procedimientos.
También cuestionó que, de los aproximadamente 980 trabajadores que integraban la plantilla del ingenio, solamente una parte habría sido considerada para recibir liquidaciones, mientras cientos permanecen sin una solución.
Casi 900 trabajadores siguen esperando justicia
El conflicto laboral se ha prolongado por más de 11 años y ha afectado a cientos de familias de la región.
Los extrabajadores sostienen que alrededor de 200 compañeros han fallecido sin recibir el pago que les correspondía.
Antes de presentar la querella, Luis Puente Pérez sostuvo reuniones con representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde se había planteado una posible solución para los afectados; sin embargo, el compromiso no se concretó.
Con la denuncia, los inconformes buscan que la FGR investigue las operaciones realizadas con el patrimonio del ingenio, determine el destino del dinero y establezca si existieron responsabilidades penales.
Mientras tanto, los extrabajadores mantienen su exigencia de recibir las liquidaciones pendientes y que se esclarezca el manejo de los recursos que, aseguran, debían garantizar sus derechos laborales.





